COMUNICADO DE PRENSA
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA ABIERTA DE DOCUMENTALISTAS
Con importante participación de realizadores independientes, se comenzó con un balance positivo de la inmediata reacción desarrollada frente a la inconsulta y retrógrada decisión tomada por la presidenta del INCAA Liliana Mazure. El pronunciamiento conjunto de las seis asociaciones de directores y productores de documental, la instalación mediática de un tema con profundo trasfondo político, la movilización de 200 documentalistas realizada en las puertas del Instituto y el estado de asamblea permanente fueron los métodos y factores que permitieron dar cuenta de una oposición generalizada a la medida, y que obligaron a la Gestión del INCAA a abrir un período de -aún inciertas- negociaciones.
Se destacó que en las reuniones mantenidas hasta el momento con la presidenta y funcionarios del INCAA no han aparecido elementos que indiquen que haya voluntad política de dar marcha atrás con los puntos principales de la citada Resolución. Desde la Gestión se insiste en terminar con la independencia y representatividad de los comités de documental que evalúan los proyectos, se insiste con los cupos que provocarán una reducción de la producción (algo que ya está sucediendo con los comités de ficción que tienen cupos aún menores), y se insiste en conformar un comité de "visualización" de 3 miembros que tendrá poderes punitorios si considera que la película terminada no "coincide" con el guión presentado 18 meses antes.
Y lo más grave de la cuestión: lo que Liliana Mazure en entrevistas a medios oficiales justifica con intenciones "democratizadoras" y "federales", puertas adentro lo explica como una señal que se ve obligada a dar frente a presiones recibidas por sectores ligados al gobierno que se quejan por proyectos no aprobados[1] y pedidos de censura sobre documentales realizados. Es por lo menos extraño que una democratización pueda venir de la mano de semejantes exigencias de sectores que cuentan con suficientes recursos estatales y privados para reclamar también fondos que fueron creados para los realizadores sin antecedentes y sin estructura económica. El objetivo federalizador, también es de dudoso origen, en primer lugar porque en estos cinco años se han aprobado, con una tasa superior a la del área metropolitana, decenas de proyectos de realizadores de las provincias; y en segundo lugar porque tampoco las asociaciones provinciales y regionales de documentalistas han sido convocadas previamente siquiera para que propongan el carácter de su integración.
Una vez analizadas todas estas cuestiones, la Asamblea Abierta de Documentalistas pasó a debatir punto por punto las reivindicaciones pendientes (que van más allá de reclamar que se vuelva atrás con la Resolución 982) y los pasos a seguir para obtenerlas. Se aprobó un pliego que será la base para presentar en las reuniones con el INCAA y demás asociaciones de documentalistas; se aprobó realizar una campaña pública de apoyos de personalidades y sectores de la cultura mediante un pronunciamiento; se aprobó realizar un Festival en defensa del cine documental en la puerta del INCAA y la convocatoria a una Asamblea Nacional de Documentalistas para el 25 de mayo, a la cuál se invitará a participar y a organizar a todas las asociaciones nacionales y provinciales así como a los documentalistas independientes.
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